Negociación, Mediación y Prevención de Conflictos Empresas – Estado – Comunidades

17.08.2021

El Tren Maya, el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la presa de La Parota, los proyectos eólicos en la zona del Itzmo, las nuevas carreteras, la minería, los oleoductos, las cerveceras, y un largo etcétera de empresas y proyectos de infraestructura que con frecuencia entran en colisión directa con las comunidades impactadas se han convertido en un tema recurrente del debate público. Casi siempre que se discuten las relaciones entre empresas o megaproyectos y comunidades surgen dos o tres de los siguientes bandos divergentes.

Uno de ellos defiende a capa y espada estos grandes proyectos, pues considera que materializan el derecho de los más pobres de acceder a un empleo y a un mínimo de desarrollo económico que posibilite una vida digna. El sector privado, la inversión extranjera y los grandes proyectos de infraestructura son considerados una vía legítima para generar prosperidad. La gran preocupación es que México desaprovecha esta vía. Para este bando lo fundamental es fortalecer un estado de derecho capaz de dar certidumbre a los dueños del capital global, y que inviertan en nuestro país, que por sí mismo carece de los recursos para salir del subdesarrollo.

Otro bando se afianza en el valor de lo comunitario, lo local y el respeto a la diversidad cultural para defender el derecho de ciudadanos y comunidades indígenas a resistir formas de desarrollo ajenas e incluso contrarias a sus nociones de "buen vivir", que buscan imponerse vía mega-proyectos privados o estatales. Para estas personas, la relación entre sector privado y comunidades está marcada por asimetrías de poder y diferencias de cosmovisiones tan profundas que una coexistencia pacífica resulta utópica en el contexto actual. Más que "estado de derecho", se enfatiza la protección y defensa de los derechos humanos, individuales y colectivos.

Un tercer grupo de opiniones ubica en el Estado, como el actor ausente o cooptado, la causa de la conflictividad. Se enfatiza que debe fortalecerse su capacidad de gestión vía la recuperación de una rectoría del desarrollo. Para quienes enfatizan el rol de Estado, dicha rectoría debe tener un carácter estratégico, orientado a aprovechar el potencial del país, y regular a los poderosos para distribuir equitativamente los frutos del desarrollo.


¿Existe la posibilidad de que estas tres perspectivas puedan tener un poco de razón?

A continuación algunas ideas que emergen de mi práctica y de las experiencias de colegas que han trabajado en la interfaz de empresas y comunidades en las últimas décadas, que pueden servir para tender puentes entre las tres visiones expuestas:

  • Las grandes empresas no son inherentemente buenas ni malas, pero sí tienen capacidades y recursos que pueden catalizar cambios positivos en el contexto local cuando existe la voluntad de hacerlo. Cuando las empresas centran sus esfuerzos en transformar sus dinámicas de relacionamiento con los actores locales tienen la capacidad de ser catalizadoras de cambios significativos en favor de entornos menos violentos que su vez hacen más estable su operación.

  • Acercamiento temprano en promoventes y comunidades. Entre más avanzado esté el diseño de un proyecto y más recursos se hayan invertido sobre la base de ese diseño, es más difícil y costoso hacer cambios que puedan incorporar observaciones de la comunidad. Es por eso que conviene que los acercamientos y el diálogo inicien desde la etapa de diseño de un proyecto. Al incluir las necesidades de la comunidad en el diseño del proyecto se construye confianza y la recepción inicial del proyecto tienden a ser mejor.

  • Cuando las comunidades perciben que los beneficios generados por los proyectos se reparten de manera inequitativa, aumentan dramáticamente las probabilidades de violencia y de conflicto entre empresas y comunidades. Si los proyectos avanzan con el consentimiento de la comunidad, el reparto de beneficios debe darse sobre la base de acuerdos legítimos entre el proyecto y las comunidades. Todos los actores parecen estar de acuerdo con esto, pero las inercias cortoplacistas y la pobreza obstaculizan el cambio.

  • Sin transparencia y acceso a información oportuna, para todos los actores impactados por proyectos de infraestructura no puede haber un diálogo que derive en acuerdos legítimos, pero esto sigue siendo una asignatura pendiente a lo largo y ancho de la región. Este déficit de información afecta de manera desigual a los actores. Son las comunidades indígenas y los ciudadanos más pobres quienes de manera sistemática se enfrentan a estos proyectos, sin información que les permita hacer valer otros derechos, como son el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la protesta y la libre asociación, o el derecho a la participación libre e informada.

  • La efectividad de los instrumentos globales depende de las dinámicas locales. En las últimas décadas han emergido diversos mecanismos e iniciativas globales para establecer estándares de transparencia y respeto a derechos humanos para el capital privado y el aprovechamiento de recursos naturales. Cuando los actores locales se organizan en redes o coaliciones amplias, éstos pueden ser efectivos tanto en la protección de derechos como en la generación de entornos menos volátiles para los proyectos.

  • Las distintas formas de resistencia a los megaproyectos son fundamentales para visibilizar las injusticias y las asimetrías de poder en el relacionamiento entre empresas y comunidades. Las resistencias también posibilitan un diálogo sobre un piso más parejo, como se ejemplifica en el caso de Canadá, donde las comunidades indígenas participan cotidianamente en el diseño de la regulación en sectores estratégicos como el energético o minero, tras décadas de una larga batalla de protestas y litigios judiciales.

  • Las comunidades deben tener derecho a decir NO y también a decidir a qué tipo de desarrollo quieren decir SÍ. El consentimiento de las comunidades y el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas deben concebirse como una condición necesaria para el avance de los grandes proyectos de infraestructura. Excepciones a este derecho a decir no, deberán ser fundados y motivados desde un enfoque de derechos y bajo la premisa de que se han hecho todos los esfuerzos posibles para reducir y/o compensar los impactos señalados, así como para fortalecer la capacidad de los pueblos afectados de ejercer su derecho a la autodeterminación.


El reto de hacer compatibles las tres perspectivas es monumental y es por ello que la colaboración entre empresas, comunidades y gobiernos no puede estar exenta de conflicto si ha de ser genuina. Pero eso no significa que no sea posible sostener procesos colaborativos de largo plazo entre estos tres actores y que, bajo ciertas condiciones, éstos puedan ser deseables para todas las partes. Es bajo esta premisa que hemos diseñado el Diplomado en Negociación, Mediación y Prevención de Conflictos Empresa-Estado-Comunidades, que ofrece la Universidad Iberoamericana en colaboración con la Universidad Alberto Hurtado y el MICI del BID. 

Este programa de estudios fue incubado por el Laboratorio para la Resolución de Conflictos Socio Ambientales, una plataforma para el análisis e intervención en conflictos, creada por el Centro Mexicano de Derecho una Ambiental (CEMDA), el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (CENTRUS- IBERO), el Centro de Especialistas en Gestión Ambiental (CEGAM) y Diálogo, Innovación y Cambio (DialogICa).  


Más información: dialogica.org@gmail.com 


Por: Mara I. Hernández es profesora e investigadora en la UNAM y coordina el Diplomado en Negociación, Mediación y Prevención de Conflictos Empresas-Estado-Comunidades. 

Es Doctora por el MIT, con maestría en Harvard. Tiene más diez años de experiencia en el diseño y facilitación de procesos de diálogo multi-actor, en la mediación de conflictos y la construcción de coaliciones para el cambio. Es miembro fundador de Consensus Building Global Network y de DialogICa. 

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