El Artículo 29: Responsabilidad social y derechos humanos

02.02.2023
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue, en su momento, extraordinariamente revolucionaria por ser la primera en incluir un conjunto extenso y completo de derechos. Sin embargo, nos ha tomado más de un siglo de nuestra historia independiente comprender que, para que la Constitución de la República sea un arreglo social serio que nos obligue a todos -y no sólo un conjunto de normas ajenas, incomprensibles y lejanas-, es necesario hacer un esfuerzo de corresponsabilidad, mediante el cual la capacidad de ejercer plenamente los derechos que ésta dice proteger sea, en los hechos, posible para todas las personas en igualdad de condiciones.

Tres décadas posterior a nuestra Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), tan vigente en el presente como hace 74 años, establece en su Artículo 29 que "toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad" y que "en el ejercicio de sus derechos y sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás".

La DUDH, signada en 1948 con el propósito de evitar situaciones como las provocadas por la Segunda Guerra Mundial, ha sido traducida a 381 lenguas, del abkhaz al zulú (Del Toro, 2012, p. 17) y cimentó los principios de la responsabilidad social como hoy la conocemos, al enmarcar el ejercicio de los propios derechos en el respeto a los legítimos derechos de terceros.

Como bien dijera Fernand Dehousse, el representante belga ante Naciones Unidas cuando la Declaración se estaba redactando, el Artículo 29 "establece de manera bastante acertada un tipo de contrato entre el individuo y la comunidad, lo que implica un intercambio justo de beneficios" (Naciones Unidas, 2018).

Sin duda ninguna, los derechos no pueden estar sujetos para su reconocimiento, garantía o exigibilidad, al cumplimiento de obligaciones. Pero la atribución a cada persona de una responsabilidad sobre su comunidad, por ser justamente el lugar donde aprendió a reconocerse a sí mismo como sujeta de derechos universales e inalienables, tendría que fomentar la cohesión social al proveerle un sentido de pertenencia.

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Sin embargo, el marco legal nacional y el internacional no han sido suficientes para lograr que todas las personas nos hagamos cargo de lo que es común, de lo que es público. Entre muchos dolorosos ejemplos, al observar los índices de violencia en México de los que son víctimas niñas, niños y mujeres, y al ver que cada día son más los homicidios de personas jóvenes, es obligado preguntarse la razón por la que son tratados públicamente como "ejecuciones" en lugar de ser abordados como una grave problemática social de interés público; pero, sobre todo, por qué el asesinato de nuestras generaciones siguientes no nos mueve a ser corresponsables.

En general, se puede decir que la sociedad mexicana desde sus raíces prehispánicas y coloniales es discriminatoria, punitiva y violenta; y utiliza los castigos corporales y psicológicos como una forma de control. El escarmiento -hasta el suplicio, del que hablaba Michel Foucault, en el que la persona que lo sufre "debe ser señalada"- (Foucault, 2002, p. 33) poco ha servido para inhibir y si acaso castigar a quienes de manera persistente se dedican a violentar los derechos de las personas, porque la posibilidad de ir a la cárcel no es una situación temible. El castigo, como herramienta de procedimiento de la estructura de poder en la que los cuerpos de las personas son sometidos a la fuerza por un cuerpo social, (Cruz, 2020), tampoco funciona.

Entonces hay que observar lo que ha faltado en los hogares, en los centros educativos, en las empresas, en las instituciones y en el gobierno para que el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos parezca ser ignorado en nuestro país; particularmente cuando se trata de estos grupos de población. ¿Por qué se ha normalizado la violación de sus derechos humanos? ¿Por qué y quiénes lo hemos permitido?

Es claro que ni los escarmientos ni las leyes han sido suficientes para lograr una sociedad en la que se respeten los derechos ajenos tanto como los propios pero lejos de claudicar frente a la violencia, resignándose y dejando en el abandono a los más vulnerados, es momento de recordar que cada individuo tiene "un tipo de contrato" con su comunidad, traducido como responsabilidad social; y que al hablar de este concepto, de manera inherente estamos hablando de la promoción y respeto de los derechos humanos.

Sólo que es muy fácil perderse en esta narrativa, sobre todo para hablar en positivo: enunciar que todas las decisiones individuales, los acuerdos entre pares, los proyectos sociales, los emprendimientos, los negocios sustentables, las iniciativas de ley y un largo etcétera debieran estar enmarcadas en una responsabilidad social. Pero, en la realidad, si en la sociedad mexicana la cotidianeidad son las violaciones a los derechos humanos de los más vulnerables hay que asumir que de eso todas y todos somos responsables.

Basta ya de pensar que esa "responsabilidad" es de otros (cuales sean los que nos vengan al imaginario) y que en ellos recae el peso de la búsqueda de soluciones, o de imponer -en su caso- la estructura de poder institucionalizada para castigar.

Es necesario reconocer que como sociedad algo hemos venido haciendo mal, o simplemente, no hemos hecho lo que nos corresponde a todos, de tal suerte que la responsabilidad social no es la inspiración de la actuación individual y comunitaria. En México, sólo en algunos colegios se imparte la materia de "responsabilidad social" justo como eso, un concepto. Y es menester enseñarlo de forma vivencial, sacarlo de los muros de las escuelas para llevarlo a cada ciudadano. El Estado, las instituciones, los centros educativos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, tendríamos que estar impulsando la responsabilidad social de manera articulada y desde los ámbitos de influencia de cada uno, en cada decisión, en cada acción: desde el interior y con el ejemplo.

Todo ello implica desafiar la normalidad de lo que se nos impone como agobiante realidad y, simultáneamente, como límite; pero es necesario, es urgente educar en la responsabilidad social, en todos los ámbitos. Aludir a la pedagogía del brasileño Paulo Freire, que en su libro La educación como práctica de la libertad (Freire, 1965), nos enseñaba justo eso: el poder que tienen las personas de analizar su propia realidad, de convencerse de su capacidad de generar una nueva cultura transformadora de su mundo: cuando la toma de conciencia colectiva supera al educador y éste se convierte en educando. Este educar transformando y este transformar educando es hacia donde tenemos que dirigir la enseñanza y el ejercicio de la responsabilidad social para evitar esta laxitud en la conciencia colectiva que ha propiciado una indiferencia casi total hacia el infortunio de miles de personas. Es aquí donde se dibuja el verdadero desafío de articular la voluntad y la capacidad de cada persona, sector e institución para avanzar juntos hacia la coproducción de horizontes cuyo sentido esté guiado verdaderamente por la promoción y defensa de los derechos humanos

Lic. Ricardo Bucio Mújica, Estudió Ciencias Políticas y Administración Pública, así como Gerencia Pública y Desarrollo Social. Se ha especializado en políticas públicas, derechos humanos, igualdad y no discriminación, ciudadanía y grupos de población vulnerados. Fue titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y responsable de Conversión y Vinculación Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). Desde 1984 ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil, siendo Coordinador Nacional de Cáritas Mexicana y Director de El Arca de México, I.A.P. Desde abril de 2021 es Presidente Ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).

Referencias

diplomados.ibero.mx
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